Gildardo Cilia López
“…los relojes no marcan el instante en que el azul se vuelve gris (Jorge Luis Borges, “Sobre los argentinos”)
No fue posible capturar el instante preciso, si el momento histórico en que el azul se volvió gris. Todo sucedió en el momento que Fukuyama declaró el fin de la historia y los gobiernos neoliberales le hicieron caso. Sin más - supeditados a la ideología dominante - los gobiernos de las naciones pobres y emergentes mandaron a los héroes a los frígidos museos; arrumbados, parecía iban a desvanecerse de la memoria colectiva.
El mayor de los méritos del presidente López Obrador fue que transformó otra vez la historia del país en historia viva: los héroes (Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Zapata, Villa y Cárdenas) salieron otra vez a las calles y a las plazas públicas. Al hacerlo, resurgieron los ideales que nos condujeron por los inalienables principios de libertad y justicia. Claudia Sheinbaum sigue el mismo ejemplo: está rescatando del olvido a las heroínas que contribuyeron progresivamente a conformar una sociedad sustentada en la equidad de género y en la corresponsabilidad.
El futuro le corresponde ahora, en igual grado, a hombres y mujeres, sobre las bases de la conjunción de esfuerzos y talentos, sin que exista discriminación en oportunidades y en remuneraciones: a trabajo igual salario igual. Los héroes – decía Andrés Henestrosa – no mueren, sólo duermen, todas las mañanas se levantan para cumplir con sus sueños de justicia; este es el mismo sueño que ahora comparten millones de mexicanos, que constituyen el conglomerado social al que llamamos pueblo.
No existió prácticamente ninguna ciencia o rama social que no hubiera resentido esta transformación en la percepción de la historia. En la economía, los cambios han sido responsables, se han roto paradigmas que propiciaban la desigualdad y la polaridad social, pero se ha buscado mantener los equilibrios técnicos que posibilitan metas sustentables. Antes todo ajuste significaba sólo un número más, ahora queda claro que hay detrás millones de personas y de familias que sufren por el desempleo, la inflación, los bajos salarios y el abandono en las prestaciones de los servicios sociales básicos.
Las mentes sombrías perviven y no entienden el significado cualitativo de los cambios. Se preocupan sólo por el equilibrio fiscal o por la estabilidad macroeconómica sin proponer nada nuevo. Los cambios en el mundo no los ha vuelto flexible, o si así ocurrió, fue sólo por un momento. A tres años de la crisis del COVID- 19, que paralizó al mundo, se insiste en volver a la ortodoxia.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue sosteniendo que el sólido crecimiento salarial del país de 2018 a 2024 (112% si se toma en cuenta el salario mínimo y 30% si se consideran la remuneración promedio del empleo formal) ha impedido una desinflación más rápida, sobre todo del sector servicios, en donde los salarios tienen una mayor incidencia. Es factible que la evolución salarial pudiera ser causa de una menor desaceleración; sin embargo, lo verdaderamente importante es que la tasa inflacionaria general y la tasa de inflación subyacente mantienen una tendencia a la baja respecto a 2022. De hecho, la inflación del subíndice “servicios”, ha mostrado una ligera reducción año con año.
Si se siguiera a pie juntillas el planteamiento del FMI, se entraría a un proceso de contención salarial. La percepción en cuanto al efecto de la tasa salarial sobre el desempleo y el índice de precios ha cambiado; de tal forma, que ahora ni los organismos empresariales hablan de la sujeción de los salarios reales: la COPARMEX, por ejemplo, propone un incremento de 12% en los salarios mínimos para 2025. Seguir recomendaciones sólo significaría regresar a una visión errada, la misma que llevó a millones de mexicanos a la pobreza durante más de 40 años.
Se han sobredimensionado los coeficientes de déficit fiscal o de deuda pública; algunos analistas hacen pensar que México estuviese en un caso similar al de Argentina. Los desequilibrios externos en el país sudamericano llevaron a la adopción de medidas de shock; en tanto que en nuestro país todavía es factible instrumentar una política de ajustes graduales, sin descuidar los equilibrios sociales básicos.
Si se quisiera revisar el déficit fiscal con respecto al PIB, se encontraría que el de México (5.9%) es mayor con respecto al de economías más pequeñas, como Perú (1.6%), Guatemala (1.8%), Chile (1.9%) y Costa Rica (2.3%), entre otros; empero es inferior con respecto al de la economía que le es más comparable, Brasil (6.9%). No está por demás decir que con respecto a las dos grandes potencias del mundo el déficit presupuestario es menor: Estados Unidos (6.4%) y China (7.5%).
El comportamiento de México había sido ejemplar, manteniendo un déficit menor a 3.5% con respecto al PIB, sin embargo, en 2024 la meta ambiciosa de culminar las obras públicas llevó a incrementar el déficit fiscal en 2.5 puntos porcentuales más con respecto al cierre de 2023. Debe aclararse que sólo se pensó en un déficit primario transitorio; es decir, que en los siguientes años era posible su corrección.
La deuda pública de México programada para 2024 se estima en 49.6% con respecto al PIB, en tanto que este coeficiente en el mundo se sitúa cerca de 100%. El análisis continúa siendo favorable si se compara con la relación deuda bruta a PIB en América Latina y el Caribe (69.8%), Brasil (76.8%), Estados Unidos (125.4%), Canadá (103.9%), Italia (153.2%), España (113.6%), Japón (254.6%) y el promedio de la OCDE (114.5%). (Cifras tomadas del OCDE, de la CEPAL y otras fuentes).
Los análisis para América Latina tienden a generalizarse; esto es, se quiere medir a los países con el mismo racero, sin importar el tamaño de las economías o la capacidad de generar riqueza. Los números absolutos indica que la deuda pública bruta de México ronda en alrededor de 17 billones de pesos. ¿Es poco o mucho? El número parece muy elevado, sin embargo, el tamaño de nuestra economía es 2 veces mayor, es decir, nuestra capacidad de pago sobre el adeudo total es de 2 a 1. Por otra parte, las amortizaciones en 2024 se estimaban entre 5 y 6% del PIB; sin embargo, lo importante de conocer los vencimientos a corto plazo es que se adopten estrategias para liberar espacio fiscal en lo inmediato, lo que le da liquidez a las finanzas públicas; así se hizo al diferir 70% del pago de la deuda externa en 2025. Es decir, México tiene una capacidad de pago sobrada, aun considerando los adeudos emproblemados de PEMEX, que tanta alerta causan.
Aun así, un gobierno responsable debe hacer ajustes en las cuentas del sector público. Es buena señal el objetivo del gobierno de la presidente Sheinbaum de disminuir el déficit presupuestal (RFSP) con respecto al PIB, de 5.9 a 3.5%, de 2024 a 2025.
Otra economía con la que frecuentemente se compara a México es Argentina, que, pese a sus recortes en el gasto en 2023, mostró un déficit fiscal equivalente a 6.1% del PIB, en tanto que la deuda pública representó 88.4% con respecto al mismo indicador. Los índices no parecen trascendentes, sin embargo, su presión fiscal y de deuda, culminaron con una tasa de inflación anual de 211.4% en 2023. El problema de Argentina no sólo radica en sus variables distorsionadas (tipo de interés, tipo de cambio e inflación) sino en su insolvencia financiera que lo ha llevado a impagos y a un estrecho espacio fiscal. No tiene siquiera la opción de ampliar significativamente sus ingresos propios, ya que la recaudación tributaria a PIB es de alrededor de 28%, apenas 4 puntos por debajo del promedio de los países de la OCDE.
Esta es una clara alusión a los que creen que el simple incremento de las tasas impositivas genera un equilibrio a largo plazo. Resulta que no, el manejo irresponsable de las finanzas públicas hace que todo ajuste sea transitorio. Si se quisiera ser condescendiente con Milei, se diría que ante la presión fiscal sólo le quedaba reducir en grado extremo el gasto público para llegar a un equilibrio primario, mismo que requiere ser continuo.
El ajuste radical le ha permitido a la Argentina alcanzar un superávit primario (ingresos propios menos gastos sin intereses) durante los primeros siete meses de 2024, no obstante, sus compromisos financieros son tan altos, que aún continúa con un déficit financiero severo. El FMI ha elogiado este esfuerzo del gobierno de Milei, pero ha advertido graves costos sociales y una recuperación desigual. Cómo no, si el soporte de los recortes se ha sustentado en 34.8% en las prestaciones sociales, afectando a jóvenes y ancianos; y 30.5% en la contracción de gastos de capital. Ello en medio de una desregulación del mercado, lo que ha liberado las tarifas de los bienes y servicios público; eso sí, aplicando una estrategia de contención salarial.
Volvemos al huevo de la serpiente, lo cierto es que Milei ganó su mandato en las urnas. Siempre será difícil entender a la voluntad popular, seguramente la gente estaba fastidiada de la ineficiencia de los gobiernos tradicionales, caracterizados por instituciones vetustas y con una burocracia excesiva, sin un control del gasto y con un Banco Central que lo financiaba mediante emisión monetaria. La mayoría del pueblo recreó un paraíso “libertario”, sin las ataduras del peronismo: un ogro filantrópico obeso y anquilosado.
Cierto, pero en el cascarón transparente también se podía observar lo que venía con la retórica “libertaria”: pobreza y recesión. Desde que asumió el gobierno Milei, en diciembre de 2023, la pobreza aumentó en 11 puntos porcentuales, alcanzando un índice de 52.9% sobre la población total; es decir, ingresaron al núcleo de pobres, 5.5 millones de personas más. El FMI proyecta una caída del PIB de 3.5% para 2024, lo que explica que la tasa de desempleo se sitúe en 7.6%. Ahora el orgulloso pueblo argentino, tradicionalmente de clases medias, se han vuelto en su mayoría de pobres y ante la protesta social se requiere de la represión de un Estado que se define como garante de libertades. ¿En dónde está el Estado libertario?
Es factible que en 2025 inicie un rebote, pero el daño social ha sido muy amplio; si lo duda, sométase a la prueba de estar un año sin empleo o, más aún, sin ingresos. Durará años recuperar los niveles de bienestar que se han perdido.
En México, simplemente, no hay crisis fiscal, al menos no en el grado superlativo que desean visualizar algunos analistas opositores al régimen. El gobierno de Claudia Sheinbaum sabe que debe ser ajustes, pero no reduciendo los gastos sociales y los programas de inversión, menos actuando perversamente sobre las remuneraciones salariales. El incremento en el ingreso de los trabajadores y sus familias es un puntal para mantener un crecimiento sostenido en el mercado interno y reanimar la inversión. Tampoco pretende elevar el precio de las tarifas de los bienes y servicios públicas, que se conciben como una ancla para la inflación.
Los riesgos de deterioro de las familias se han detenido: los programas sociales se han elevado a derechos constitucionales y el incremento salarial por arriba de la inflación también ya forma parte del texto de la Constitución. No se seguirán tampoco las recomendaciones del FMI de elevar los impuestos tradicionales, como el IVA o el ISR, que afectan más a los segmentos de bajos y medianos ingresos. La estrategia de ajuste en México se centra en una reubicación del gasto corriente al gasto social y al gasto de inversión, en generar ahorros reduciendo gastos innecesarios y en una mayor eficiencia en la recaudación fiscal. La transparencia y el uso de los recursos tiene que ser claro: prefiero, en lo particular, que mis impuestos se dirijan a los programas sociales o a la inversión productiva y que nunca más se rescate a grandes capitales o consorcios, como lo requieren ahora Televisa o Grupo Salinas. El modelo de ajuste mexicano debe ser justo el opuesto al argentino.
Es factible que, “si se le da suficiente poder a un gobierno para crear justicia social, se le dé suficiente poder para crear despotismo”. También es cierto que la libertad sólo sea un concepto ficticio si no está recubierto de justicia. Un pueblo pobre o que se empobrece pierde en muchos sentidos su libertad. Los conceptos libertarios suelen ser cómodos para los que más tienen o para los que tergiversan la historia, haciendo creer que no es necesaria la equidad social. Los anarquistas mexicanos de finales del siglo XIX y principios del XX fueron libertarios, pero en ellos cundió la idea de que la emancipación de los campesinos sólo era posible con la dotación de tierras para liberarlos del yugo de la explotación de los terratenientes; ellos fueron los forjadores de la reforma agraria. Los libertarios de ahora creen que la libertad la da el mercado, un ente que ha mostrado su incapacidad para sacar de la postración a millones de personas. ¡Qué lo sigan creyendo! México no va por ese camino.
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