López Obrador, México y el Ángel Caído

Gildardo Cilia López

México podría ser un ángel caído, dice el banco de inversión JP Morgan. Se les denomina ángel caído a las instituciones o gobiernos que han perdido su grado de inversión y que atrofian su capacidad de pago, por lo que sus posibilidades de acceso a nuevos financiamientos, o de contraer más deuda, se ven seriamente afectadas.

Cuatro son las condiciones según la firma financiera que le darían a México esa condición de ángel caído: 1) el bajo crecimiento de la economía; 2) el desplazamiento de la propiedad privada; 3) el aletargamiento en el sector energético; 4) la respuesta decepcionante de la pandemia y 5) el retraso de una reforma fiscal. Desde adentro, el Banco de México también advirtió que la economía pudiera decrecer hasta en ocho por ciento en 2020.

Las predicciones son sombrías y pareciera que estuviéramos ante un Gobierno que carece de una política económica coherente y que es insensato en el manejo de las finanzas públicas. Sé que las calificadoras atraviesan por un problema de credibilidad, pero en el caso de México, además, sus análisis se sustentan en apreciaciones carentes de verdad y de lógica.

La primera gran sorpresa al asumir el gobierno el presidente López Obrador, fue el señalamiento de que su gobierno no iba a tender al dispendio; por el contrario, puso de manifiesto que uno de sus vectores básicos sería la austeridad y que ello se iba a traducir en la generación de ahorros. Esta definición clara y concisa lo alejó del populismo económico y lo distanció por mucho con otros gobiernos del pasado; también lo puso en una dirección distinta a gobiernos cuestionados, como el venezolano.

El discurso inicial contra el neoliberalismo parecía abrir también una brecha para cambios radicales. Esa era la esperanza de una parte de la izquierda que pronto se desencantó. Su percepción cambió: López Obrador de ser un hombre de izquierda pasó a ser un conservador más.

¿Cómo sería un gobierno de izquierda y cuál su política económica? En este momento histórico habría muchas preguntas: ¿qué se tendría que expropiar o qué se tendría que nacionalizar?; ¿valdría la pena ir en contra de las leyes del mercado, de los tratados comerciales y de la globalización? ¿Sería correcto regresar a una economía estatizada?

López Obrador dejó en claro que el nuevo gobierno no estaba en contra de la iniciativa privada, menos del libre mercado y que antes que cualquier cosa se requería de una transformación moral; que la ética era indispensable para reestablecer la coherencia en la vida pública porque regeneraba las condiciones óptimas para la inversión y el ahorro en un ámbito macroeconómico.

Hay quien cree que es preferible crecer, haciendo a un lado la corrupción. Lejos se está de entender que ello se traduce en un resultado efímero, porque se erosionan las finanzas públicas; porque el despilfarro conduce al endeudamiento público; porque se deforma la estructura de los precios de los bienes y servicios públicos al existir sobreprecios y porque se profundiza la desigualdad social por la enorme sangría y desviación de recursos. Quien no ve a la corrupción como un gran flagelo, se les olvida que no existen fondos que alcancen para saciar la sed de ganancias indebida de unos cuantos.

Lo anterior tampoco satisfizo a quienes habían medrado con los recursos públicos, menos a los que exacerbaron la concupiscencia en los negocios. Sin memoria hay quien no recuerda que desde el poder público se maquinó una monumental desviación de recursos que operó en contra del interés de una sociedad empobrecida.

Muchos economistas que antes propugnaban por el equilibrio fiscal, ahora, con argumentos confusos, quieren que el Gobierno gaste más allá de sus posibilidades. Convencidos creen que es el momento de abandonar el balance primario del sector público y de contratar cuantiosas deudas. Esa es parte de lo que no entiende JP Morgan, que el gobierno de México no quiere endeudarse más; que no quiere abultar una deuda que rebase su capacidad de pago. El presidente López Obrador lo dice con claridad: no vamos a hipotecar al país. ¿Desde cuándo el equilibrio fiscal y el deseo de no endeudarse disminuye el riesgo de inversión de un país?

Analizar el presente es de enorme valía para emprender juicios de valor. En la misma crisis pandémica se advierte que países, como Argentina, no sólo no quieren, sino que no pueden endeudarse más.

Para Argentina contratar más deuda no es una alternativa para salir de la crisis, la haría aún más impagable. La verdadera solución se encuentra en reestructurar o en condonar una parte de su deuda externa; es decir, en despresurizar pagos hasta en 50 por ciento, siendo ello una condición para salir del atolladero. La crisis de la deuda en ese país se ha traducido en una crisis fiscal que técnicamente lleva a la inacción del Gobierno para detonar su economía en el corto plazo y por muchos años. Tal vez no se ha pensado, pero uno de los grandes retos que impone la nueva normalidad es la reestructuración del sistema financiero internacional.

La política económica, entonces, no nos debe mover únicamente hacia el plano ideológico o pensar en que todo es posible o permisible, como si no existieran costos asociados. ¿Vale la pena crecer a cualquier costa cuando se compromete el crecimiento futuro del país? El pago del servicio de la deuda en México actualmente es más alto de lo que se gasta en salud, educación y otros gastos sociales. Perder la balanza primaria, por otra parte, podría llevar al peor de los costos económicos, a la inflación.

A quien le gusta la evidencia empírica, lo invito a observar como se ha comportado históricamente la balanza fiscal del sector público federal. De 1953 a 1970, sólo en cinco años se registraron déficits y los mismos no sobrepasaron el 0.5 por ciento del PIB. De 1982 a 1988, el déficit fiscal estuvo por arriba de 10 por ciento del PIB, hasta rebasar el 30 por ciento. Estos desajustes en las finanzas públicas son coincidentes con años de alta inflación.

No se puede cuestionar al actual gobierno haciendo caso omiso a la memoria histórica; tampoco se vale menospreciar su estrategia económica sin una verdadera evaluación, que contemple, sí, errores, pero también los notorios aciertos, en el que se conjuga el equilibrio macroeconómico con principios liberales y sociales.

¿Cuáles serían los objetivos y logros que hasta ahora hacen ponderar la política económica de la cuarta transformación?

1.- El manejo sano de las finanzas públicas ha permitido la estabilidad macroeconómica; siendo evidente que la tasa inflacionaria ha oscilado en niveles de 3 por ciento.

2.- El presupuesto sobrio ha tenido un marcado énfasis hacia el gasto social y en el periodo de la crisis pandémica se ha dirigido estratégicamente hacia los sectores vulnerables y hacia las clases sociales y sectores económicos menos favorecidas; priorizando la estabilidad política del país sobre rescates que además de onerosos podrían ser inútiles de no articularse a una reactivación económica.

3.- Se ha privilegiado al mercado interno a partir del gasto social y del crecimiento real de los salarios. El énfasis hacia el gasto social y el incremento salarial propició que la economía no tuviera una declinación pronunciada en 2019, siendo el incremento del consumo un factor contracíclico. La fórmula en la crisis pandémica no ha cambiado, se está buscando impulsar a la economía a partir de la demanda agregada, sin recurrir a expedientes de gasto inflacionarios.

4.- Los proyectos estratégicos buscan impulsar el crecimiento económico a partir de la concurrencia de inversiones públicas y privadas. Se puede cuestionar el carácter de los proyectos, pero es indudable que podrían generar una rápida reactivación, dado el efecto multiplicador que tienen las obras de infraestructura en la inversión y en los empleos; además de que esta expansión se va a dar en zonas con grandes rezagos socioeconómicos.

5.- Se concretó el tratado de libre comercio (TMEC), continuándose con una estrategia de libre mercado. El TMEC es otra palanca previsible de crecimiento, al articularse la economía a circuitos de valor expansivos. Se tiene que destacar también que la estrategia de libre mercado nunca se había hecho tan palpable, como lo ha sido con el manejo del precio de las gasolinas, en donde se lograron con ello dos propósitos: disminuir su precio y eliminar subsidios públicos. Se sigue manteniendo esta estrategia, aun cuando la tendencia de los precios se ha tornado alcista.

6.- Se ha mantenido en niveles razonables los costos financieros claves de la economía (tipo de cambio y tasas de interés). Esto lo ha permitido el tener una tasa inflacionaria baja y controlada, así como el buen uso de las reservas internacionales. En febrero, marzo y abril gran parte de la crítica de los medios se centró en las variaciones del tipo de cambio; ahora con la recuperación de los precios del petróleo y la consolidación imprevista de las reservas internacionales, quedó claro que el manejo ante la especulación cambiaria fue el correcto. La disminución, por su parte, de la tasa de interés, si bien no ha sido un factor de impulso en una economía paralizada; si ha servido para frenar los costos de las deudas de los diferentes agentes económicos, particularmente, del sector público.

7.- Se ha buscado contar con una estructura administrativa eficiente del aparato estatal, propiciando un mayor equilibrio salarial entre los mandos superiores y medios con los empleados de base. Imposible negar que se tenía – y se sigue teniendo – un ominoso aparato estatal con áreas innecesarias para su funcionamiento; además de que los tabuladores no corresponden a las verdaderas responsabilidades de un importante número de funcionarios públicos.

8.- Mención especial merece la estrategia de ampliar la progresividad fiscal, de eliminar subsidios y condonaciones, de mejorar el control electrónico de la base gravable y de actuar con mayor rigor en los casos de evasión y defraudación fiscal. Mucho se ha hablado en el último mes sobre esto, principalmente, por el potencial enfrentamiento con los grandes evasores fiscales. Hay un último caso que vuelve a dar una idea del tamaño de la evasión fiscal. Se afirma que BBVA Bancomer debe al fisco más de 10 mil millones de pesos, lo que resulta criticable al observar su utilidad neta en 2019, de 57 mil millones de pesos. La utilidad neta acumulada en los últimos tres años de este banco rebasa los 150 mil millones de pesos.

El Estado ha puesto gran parte de su empeño en consolidar sus finanzas públicas, mediante una real y efectivo sistema de recaudación, ha hecho también pagar a importantes contribuyentes. Estos recursos han sido valiosos en la crisis pandémica, como fuente para hacer frente al gasto social y para amortiguar las pérdidas de miles de pequeños negocios. Le pregunto a JP Morgan, ¿acaso todo esto no forma parte de una verdadera reforma fiscal?

9.- El énfasis hacia una corrupción “cero" ha sido uno de los objetivos que ha reiterado el presidente López Obrador. Ha reconocido que queda mucho por hacer, pero en nuestro país es inaplazable erradicar la corrupción. La misma percepción de que el presidente sea una persona honesta y honorable, de por sí, significa un gran avance.

México no es un ángel caído, más bien es un país que se prepara para crecer. Ojalá y así lo entendamos todos.

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